Pide el Frayba al gobierno liberar a normalistas encarcelados

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigió al poder judicial del estado la liberación inmediata de los 93 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, acusados de los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños y ataques a la vías de comunicación.

En un comunicado señaló que las 74 mujeres y 21 hombres, detenidos el martes cuando mantenían en su poder la caseta de cobro de la carretera Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas “se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en la que el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal, corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad”.

El Frayba aseguró que la noche del miércoles fueron trasladados al penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, “sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes”.

Dijo que en la Fiscalía General del Estado (FGE) “se les impidió la comunicación con sus familiares el día de su detención y fue hasta el miércoles, un día después, que representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en compañía de sus familiares, tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE”

El organismo reveló que después de la detención de los normalistas, “se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno, en la que se ha condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno”.

“Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizado diversas movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez, para exigir demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de cómputo e internet”, refirió.

Por lo que demandó al Estado mexicano “garantizar la vida, integridad y seguridad personal de los 95 detenidos, entre ellos dos menores de edad, y que se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra”.