Una obsesión debe de apoderarse de cualquier administrador público que sienta la vocación de dedicar su vida profesional al servicio público: la obsesión por dar resultados desde su encargo, así sea el más humilde o el más encumbrado.
Una obsesión que también debe imponerse a la falta de recursos financieros, a las crisis, a las adversidades.
Sencillamente; los resultados son los que definen la historia de un servidor público del que no lo es. Lo distinguen, lo dejan en el recuerdo de los ciudadanos y; ¿por qué no? También pueden proyectarlo hacia otras responsabilidades.
Con pandemia encima, con una crisis económica potencializada por el Coronavirus, con doce años de gobiernos que han endeudado las arcas estatales y municipales, la ciudadanía estatal esperaba un gobierno efectivo, y lo esperaba inmediatamente. Pero los resultados de gobierno en el estado, van todavía a cuentagotas.
¿Dónde estamos bien? ¿Qué funcionario estatal ha dado resultados? ¿Qué institución estatal funciona mejor que otras?
Ante el desierto de resultados que los chiapanecos tenemos enfrente, es fácil distinguir a una sola institución; la Fiscalía General del Estado.
La política de procuración de justicia en la era de la 4T en Chiapas a dado resultados complejos y diferentes. En un sector de la sociedad que estaba acostumbrada a la decepción total, estos resultados han otorgado certidumbre sobre el desempeño de sus gobernantes.
Por ejemplo, los históricos agravios a la propiedad privada en el estado, nunca habían sido atendidos o en su caso, era un camino tortuoso exigir justicia, menos se pensaba que era posible detener la expansión de la frontera agropecuaria a costa de la protección de nuestras reservas ecológicas.
En ese sentido, en lo que va de la administración estatal, la Fiscalía General del Estado ha recuperado 39,520 hectáreas invadidas. De esas hectáreas, 24 mil pertenecen a áreas protegidas y 15,311 a particulares. Lo recuperado responde a áreas del Cañón del Sumidero, Villa Allende, Cerro Brujo, la Reserva de la Biosfera del Triunfo y el Centro Ecoturístico Tziscao, entre otros sitios naturales emblemáticos del estado.
El combate al abigeato, otro tema también sensible para los chiapanecos, ha reducido en un 70 por ciento la incidencia delictiva. Hay también la reducción en los delitos de alto impacto, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dos temas coyunturales, merecen una mención especial; el rescate del menor de edad Dylan Esaú que responde al tráfico y la explotación infantil y los feminicidios.
La realidad no se puede ocultar. Los dos temas laceran a la sociedad chiapaneca y ponen a prueba a las instituciones estatales.
Finalmente, a través del trabajo científico, la fiscalía logró regresar al menor Dylan Esaú con su madre. Esta operación de rescate evidenció también un problema añejo y endémico en nuestro estado, el del tráfico y la explotación infantil que está presente en una sociedad como la nuestra. La Fiscalía se enfrenta ante un dilema que tendrá que afrontar con los más altos estándares que enmarcan los instrumentos internacionales de protección al trabajo infantil y deberá especializarse más y contar también con más recursos humanos.
El otro tema sensible es el de los feminicidios ya que causan dolor, impotencia a los familiares e incluso estigmatización a la víctima.
Hoy la Fiscalía General del Estado ha “judicializado” más del 90 por ciento de los feminicidios registrados en el estado y los homicidios dolosos contra las mujeres. Eso quiere decir que, en algún momento, habrá justicia para las víctimas y tranquilidad para los familiares.
Además, la fiscalía está siendo la ejecutora de lo que antes era letra muerta en el Estado; nada pasaba con los delitos cometidos contra las mujeres.
Los datos son concretos. Hay alcaldes presos por golpear a sus parejas sentimentales. Lo mismo pasa con los funcionarios acusados de acosar, amenazar y atacar físicamente a las mujeres.
Con esto, la Fiscalía busca bajar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que se declaró en Chiapas en 2016 en 7 municipios y reforzar sus acciones en materia de política criminal. Para ello, recientemente implementó un acuerdo de coordinación con los ayuntamientos del estado, una estrategia que seguramente permitirá combatir de manera más efectiva la impunidad en la violencia contra las mujeres en Chiapas.
Entre este contexto surge un hombre que en los últimos meses ha sido clave dentro de la amalgama política estatal: Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal que relevó a Raciel López Salazar quien duró 9 años como responsable de la procuración de justicia y que dejó enquistado esquemas de impunidad y opacidad a lo largo de dos sexenios.
Llaven Abarca no es un servidor público nuevo que llegó a la Fiscalía General por la ola de la 4T, aunque si por acuerdo político. El actual fiscal, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, comenzó su trayectoria como mecanógrafo de los juzgados familiares del fuero común en el estado, agente del ministerio público y posteriormente como Fiscal Especializado.
Su interlocución política lo llevó a encargarse de la delegación de la extinta PGR en Chiapas y posteriormente ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Manuel Velasco Coello, manteniéndose tras bambalinas durante casi todo el sexenio.
Sorprendió a finales del 2018, cuando fue nombrado por el congreso local como Fiscal General del Estado ya con la administración del morenista Rutilio Escandón Cadenas, esa misma interlocución política lo ha posicionado como una pieza fundamental para lograr la tan anhelada paz social que busca el ejecutivo estatal.
Pese a su pasado ligado al sexenio verdeecologista, fue inmune a la restructuración política en 2018. Hijo de un expresidente municipal de Suchiapa, ha emprendido una compleja red de acciones desde la Fiscalía General del Estado que lo mantiene bajo los reflectores estatales y nacionales; y lo han convertido en un liderazgo emergente entre la actual clase política chiapaneca.
