Nada ni nadie podrá reparar la pérdida de Mariana. Su tragedia en Nueva Palestina, Ocosingo le duele a la familia y a sus amigos. Pero también lacera a la sociedad entera que ve los sueños frustrados de una joven por los lamentables acontecimientos; como un peligro a la que están expuestos sus hijos.
El clamor popular chiapaneco es unánime: justicia para Mariana, castigo a los culpables de su tragedia y que esta situación no vuelva a pasar nunca más.
Que no le vuelva suceder nunca más a nadie es el mensaje que mandan a las instituciones educativas y de gobierno los jóvenes médicos que protestan en Chiapas.
Sin embargo; ¿están preparadas dichas instituciones para que una tragedia de ese tipo no vuelva a suceder?
Esa omisión tendrá que ser investigada y sancionada mínimo de manera administrativa. Pero además, esas sanciones deben obligar a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud a replantear sus procesos administrativos internos para garantizar en el futuro la seguridad personal de los jóvenes prestadores de servicio social.
La UNACH durante esta administración, por empuje de la comunidad estudiantil y no por necesidad de hacer lo correcto; se realizó un protocolo de atención a los problemas de género, hace poco creó dos nuevas secretarías avocadas a atender la responsabilidad social, creó también una defensoría de los derechos universitarios.
Pero la realidad que nos enseñó la tragedia de Mariana es que esos cambios solo fueron cosméticos.
Sin embargo, el caso de Mariana trasciende a la universidad estatal y a la secretaría de salud también estatal. Se enmarca en un estado en donde la justicia para las mujeres violentadas no llega.
Los feminicidios laceran a Chiapas porque estos se repiten y repiten en el tiempo sin que la justicia otorgue un castigo ejemplar a quienes lo cometen. Son las familias de las víctimas las que dan continuidad a los casos jurídicos y las denuncias exigiendo justicia a las autoridades competentes.
Falla la procuración de justicia y fallan también los protocolos institucionales de prevención del delito. Adolecemos de transparencia, de cultura de la prevención y se siguen reproduciendo las prácticas legales del “carpetazo” al asunto.
No habrá justicia para Mariana si en el futuro no se logra esclarecer con claridad cual fue su calvario, tampoco si la Universidad y la Facultad de Medicina no rediseñan sus procesos internos de servicio social. No lo habrá si la Secretaría de Salud no garantiza la protección de los médicos pasantes.
Y tampoco la habrá si las instituciones de procuración de justicia y las que promueven la cultura de la prevención de la violencia de género no realizan un trabajo efectivo.
Los jóvenes estudiantes chiapanecos y la familia de Mariana están protestando, exigen justicia. No sienten que estén protegidos. Eso hace que la situación sea lacerante.
Es socialmente dolorosa porque en Chiapas hay mucha juventud; varios de nuestros jóvenes seguramente tienen el sueño que inspiraba a Mariana: ayudar a los demás; pero no tienen las condiciones necesarias para hacerlo.
La tragedia de Mariana exige justicia. El futuro profesional de los jóvenes chiapanecos exige certeza. La sociedad exige castigo a los culpables de no escuchar la queja de Mariana. La legalidad pide buscar y castigar al culpable directo de su tragedia.
Nada volverá a ser igual para la familia de Mariana, pero su tragedia exige a todos estar a la altura de las circunstancias: nunca más otra tragedia parecida.
Foto: Dalia Colectivas de Feministas Universitarias
