Editorial / Parábola Sur
El pasado 03 de agosto de 2020, el juez penal Carlos Inocencio Morales Urbina dictó un auto en el que le otorgó al médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca el Resguardo Domiciliario, luego de ser internado por una crisis cardiaca en un hospital privado de la ciudad capital. Estuvo preso en el penal estatal de “el canelo” en Chiapa de Corzo por delitos de “abuso de autoridad, pese a su liberación, ya hay dos sentencias irreconciliables sobre su caso:
La primera sentencia es la legal; Grajales Yuca es culpable de acuerdo a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigacion a menos que su defensa pueda desvirtuar la acusación que la autoridad correspondiente carga contra él.
La segunda sentencia es la popular, ciudadana y de sus compañeros de trabajo y profesión: Grajales Yuca es inocente así insistan las autoridades lo contrario.
¿Qué pesa más, el juicio gubernamental o el ciudadano?
En el sector salud en donde laboraba Grajales Yuca haciéndose responsable del Área Covid del Hospital «Vida Mejor» del Isstech, la realidad era y sigue siendo clara: no hay medicamentos ni infraestructura suficiente para hacerle frente a la pandemia del Coronavirus. Eso afirma el gremio de los trabajadores de la salud y; esa es también la percepción ciudadana.
Para las autoridades del sector, la situación es diametralmente opuesta. Sobran medicamentos y la infraestructura de salud es suficiente para atender la emergencia de salud.
Ese juicio sobre la atención de la pandemia, así como el de la situación legal de Grajales Yuca; las autoridades la perdieron.
La situación así corre el riesgo de que la falta de confianza ciudadana que evidentemente existe sobre la atención de los dirigentes del sector salud hacia la pandemia del Coronavirus se siga extendiéndose y además, se haga duradera.
La base trabajadora, la que está en primera línea de la batalla contra la pandemia ha sido amenazada por ciudadanos en algunas partes del estado, exigida incluso que haga hasta lo imposible por salvar las vidas. Ese sector debe ser protegido por las autoridades y quienes los agredan merecen el castigo correspondiente.
La comunidad médica y de los trabajadores de la salud se sienten agraviados por la situación de violencia y protesta contra ellos en algunas comunidades. Aun así, comprenden la situación desesperanza de una sociedad que sufre el flagelo de la pandemia desde la pobreza y la marginación.
La detención de uno de sus miembros por las autoridades estatales se suma a esos agravios. Pero la diferencia es que esa agresión viene de la autoridad que debe de protegerlos. Una autoridad que además perdió el juicio del gremio y ciudadano sobre las razones de la detención del doctor Grajales Yuca.
¿Quién tomó la decisión de encarcelarlo y porqué lo hizo?
¿Quién es el responsable de esa decisión que con esa acción demuestra que no tiene ni la menor idea de lo que piensa la sociedad?
¿Quién nos demuestra que piensa que el poder político no es ni pequeño ni grande sino absoluto, que puede hacerse con él lo que quiera sin pensar en las consecuencias?
¿Quién no sabe que lo legal no es siempre ético ni justo?
¿Quién metió en un embrollo al fiscal del estado? situación que tendrá que resolver de manera legal por supuesto y de la mejor manera posible.
La sociedad ya decidió, Grajales Yuca es inocente y a todos luces la evidencia indica que en caso de no serlo, merece llevar un juicio justo en libertad.
Sobre todo, se necesita que la comunidad médica se sienta protegida por la autoridad y desagraviada. Solo así se dedicará a lo que se prepararon; salvar vidas. Que es lo que se necesita en medio de una emergencia pandémica que ya es mundial.