Desplazados de Chenalhó liberan caseta de cobro de la vía Tuxtla San Cristobal

Los Tzotziles retuvieron a dos militares que les apuntaron con una pistola

Indígenas tzotziles desplazados del municipio de Chenalhó desde hace más de cuatro años, se posesionaron la mañana de este martes de la caseta de cobro de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez -San Cristóbal de las Casas, para demandar a las autoridades la generación de condiciones para su retorno, informó su representante legal, Diego Cadenas Gordillo.

Durante la protesta, los manifestantes retuvieron a dos hombres -uno de ellos sub Teniente de Caballería y otro cabo del Ejército mexicano asignado al 20 batallón de infantería que los amenazaron con una pistola cuando les pidieron que cooperara para el movimiento.

“Al conductor de uno de los primeros vehículos que trataron de pasar, los indígenas le pidieron los 50 pesos y el hombre sacó una pistola y les dijo: ‘ Aquí están sus 50 pesos’, por lo que le jalaron la arma, lo retuvieron junto con su acompañante y los amarraron”.

Agregó que el copiloto un cabo de infantería, mientras que el conductor, que fue quien sacó la pistola, que fue retenido por los indígenas, no portaba identificación.

Además, la la policía bloqueó la carretera a la altura del kilómetro 46, “se entiende que para asfixiarlos y que no recaudaran dinero, pero como denunciamos que podría ser parte de una táctica para desalojarlos o por la presión de los transportistas, abrieron el paso” poco después.

Cadenas Gordillo explicó que los más de 200 tzotziles “liberaron” la caseta a partir de las 6 horas y comenzaron a cobrar 50 pesos por vehículo para recaudar recursos económicos.

“No es la primera vez que ocurre esto, ya que hace algún tiempo los compañeros le quitaron los fusiles R-15 a los policías que pasaron cerca del campamento” en el que viven en San Cristóbal de las Casas, comentó.

Cadenas Gordillo recordó que el 16 de mayo de 2016 fueron desplazados 254 indígenas del ejido Puebla, Chenalhó por diferencias políticas con la alcaldesa, Rosa Pérez Pérez y en ese contexto fue asesinado Guadalupe Cruz Hernández.

El grupo de desplazados vive en una casa en San Cristóbal de las Casas, rentada por las autoridades estatales; 43 familias están exigiendo regresar y 11 más, parientes del difunto, demandan su reubicación.

Diego Cadenas manifestó que la “liberación” de la caseta tiene como propósito pedir que las autoridades del ejido Puebla presenten un acta de asamblea “que cumpla con todos los requisitos de la ley agraria, en la que se autorice a los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hacer la evaluación de daños a sus viviendas y parcelas”.

Aseguró que las autoridades les presentaron “un acta en la que afirman que están de acuerdo, pero firman sólo las autoridades comunitarias, no la asamblea, además de que dice que son auto desplazados y nosotros decimos que no”.

Afirmó que el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos les dijo que el acto se programaría para el 17 de este mes, por lo que los desplazados respondieron que está bien, que los van a esperar en la caseta de cobro hasta ese día.