Parábola Sur Staff l Editorial
Paz social y armonía son las obsesiones de cualquier gobierno en el mundo. Porque además, son las condiciones esenciales para consolidar un proyecto político y también el asiento sobre el que descansan las posibilidades de crecimiento económico para que precisamente; la paz social y la armonía sean lo más permanente posible.
Esa paz social muchas veces es confundida por la clase política como tranquilidad. La paz social es plena en y entre todos los sectores sociales, la tranquilidad es solo para los sectores más privilegiados.
En Chiapas, dentro de la administración pública, conseguir la paz social es responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno y por supuesto, de su titular.
Beneficiarios de la ola López Obradorista, MORENA encumbró a una serie de funcionarios locales cuyo impacto de sus acciones no se ha reflejado en la mejora de las condiciones actuales en la que vivimos los chiapanecos.
No hay en el gabinete estatal capacidad ni imaginación para afrontar los retos locales en un escenario de crisis social y económica. Los problemas locales se siguen acumulando uno tras otro y por ello los chiapanecos vemos casi diariamente bloqueos carreteros, marchas e incluso secuestro de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Pensar en un futuro Chiapas en paz social es un “sueño guajiro”, como también pensar -de acuerdo a las condiciones actuales- que con el gobierno de MORENA, esa paz social sea alcanzable en el corto plazo.
La Secretaría General de Gobierno y su titular, a la vista de los hechos, no tiene ninguna acción de la cual se pueda presumir. Lastimosamente por eso la paz social en Chiapas es inalcanzable, no así la tranquilidad para algunos cuantos.
Por ejemplo, la revisión del directorio de la dependencia indica que esa secretaría fue el refugio de Gustavo Coutiño Flores, ex fiscal de los Altos de Chiapas que fue cesado de esa dependencia por realizar en oficinas públicas una fiesta. Coutiño Flores es Delegado de Gobierno en la conflictiva Chamula.
¿Qué hace y porqué está Coutiño Flores en la delegación Chamula?
En la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, despacha Ernesto Gutiérrez Borges.
¿Qué favores le debe la Cuarta transformación local al padre de Gutiérrez Borges?
¿Qué impacto ha tenido su trabajo?
En la Dirección de Archivo General y Notarías del Estado, la titularidad de la oficina es de la exdiputada panista Fabiola Ricci Diestel.
El nombramiento que más cuestionó la opinión pública chiapaneca fue en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con María de Lourdes Morales Urbina quien fuera sujeta a investigación y destituida como Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por anomalías y fraudes electorales en los comicios intermedios del 20015.
De lo menos que se le acusó a Morales Urbina en esa ocasión es de no respetar el principio de paridad de género en las candidaturas y también de incluir en la lista nominal como chiapanecos en el extranjero a quienes votaron en ese entonces por el diputado “migrante”.
Sin embargo, la característica de ser una “secretaría refugio de políticos” no es la única particularidad en la Secretaría General de Gobierno; también en esa dependencia han existido algunos escándalos de corrupción.
Giovanny Alexander Campos Amaya, Subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno y quien se decía era “compadre” del Secretario de Gobierno; tiene el récord de ser el primer funcionario de la Cuarta Transformación local en ser detenido por actos de corrupción. Fue acusado de usar de su cargo para extorsionar a funcionarios y de traficar con influencias.
Héctor Buendía ex director del registro civil del estado, quien por cierto, ayer se declaró en Huelga de Hambre en el penal de “El Canelo”, también fue detenido, acusado de corrupción.
Mientras la Secretaría de Gobierno es un refugio de funcionarios cuestionados, mientras han existido escándalos de corrupción; la ingobernabilidad del estado se enseñorea.
En Chiapas un día si y el otro también hay bloqueos carreteros. Especialmente en la carretera Tuxtla-San Cristóbal. Pero también en todo el estado. Los bloqueos es casi el pan de cada día con el costo social que esto implica.
Por ejemplo, en Oxchuc, el último bloqueo duró 5 días y mantuvo incomunicado a medio millón de personas de los municipios de Ocosingo, Yajalón, Altamirano y Tumbala.
Lo mismo bloquean normalistas, que el magisterio, organizaciones campesinas, colonias enteras pidiendo obra pública o exigiendo que el dinero de las obras se les entregue a ellos porque no confían en las autoridades. En fin, en Chiapas se protesta porque no hay confianza en el ejercicio de gobierno y además porque no hay capacidad de interlocución y diálogo con la autoridad responsable; es decir, con la Secretaría de Gobierno.
En ese sentido, también preocupa la gobernabilidad en los municipios donde hay un alto componente de población indígena.
El histórico diferendo entre Aldama y Chenalhó corre riesgo de desbordarse y de convertirse en una tragedia de proporciones indeseables. Pero ¿Hay capacidad en la Secretaría de Gobierno de resolverlo?
Es hora de lograr la paz social en Chiapas antes de que se desate otra tragedia. La lupa está puesta en Aldama y Chenalhó, pero también en la Secretaría de Gobierno cuyo titular no puede con el “paquete.
